Una situación preocupante salió a la luz en el Centro Operativo Experimental Tacuarendí (COET), donde la cooperadora que administraba los bienes del Estado, cobraba alquileres a productores por el uso de campos públicos, tanto en la zona de islas como en la localidad misma.

Según testimonios de productores de la región, el cobro se realizaba en forma mensual y en base a una modalidad habitual en este tipo de arrendamientos: aproximadamente un kilo y medio de novillo por hectárea. Sin embargo, lo que genera alarma no es el monto en sí, sino la manera en que se gestionaban los pagos y la falta de claridad sobre el destino del dinero recaudado.

De acuerdo con la información recabada, el encargado de realizar estos cobros era un reconocido abogado de la ciudad de Las Toscas, José Luis Fiant. Los productores debían acercarse personalmente a su oficina, ubicada frente a la Plaza 23 de Agosto, donde abonaban exclusivamente en efectivo. A cambio, recibían un comprobante impreso por computadora, sin membrete oficial, pero con la firma del abogado en carácter de apoderado. Lo que no queda claro es si actuaba como apoderado legal de la cooperadora o con otro tipo de representación.

Otro dato llamativo es que, según manifestaron varios productores, algunos contaban con contratos firmados con la cooperadora mientras que otros no tenían ningún tipo de documentación respaldatoria. Esta irregularidad plantea una serie de interrogantes sobre la legalidad de los cobros y el uso que se le daba al dinero recaudado.

Además, según versiones de los propios productores, el abogado Fiant se quedaba con una comisión del 10% por cada cobro efectuado. Esto abre aún más preguntas: ¿por qué un profesional cobraba comisiones por gestionar fondos públicos? ¿Quién autorizaba esa retención? ¿Tenía vinculación directa con la cooperadora, más allá de su rol como cobrador? Cabe destacar que uno de sus hijos formaba parte de la comisión de la cooperadora, lo cual refuerza los cuestionamientos.

Esta nota se acompaña de imágenes de los recibos entregados por el abogado Fiant a los productores, documentos que llaman la atención por su falta de formalidad y que podrían constituir prueba clave en el caso de investigacion que el estado esta llevando adelante por estas horas.

Mientras tanto, las preguntas siguen abiertas:

¿Dónde fue a parar el dinero cobrado por el alquiler de campos del Estado a productores sin contratos en todos estos años?

¿Por qué se permitía el cobro sin contratos ni recibos oficiales?

La comunidad espera respuestas claras, sabemos que la intervención de los organismos correspondientes tienden a esclarecer una situación que afecta la transparencia en el manejo de bienes públicos.