En la ciudad de Florencia, en el norte de la provincia de Santa Fe, se está desarrollando una situación que genera preocupación y alarma institucional: el actual intendente Rubén Carlos Quain, quien fue derrotado en las elecciones del pasado 29 de junio, estaría llevando adelante una serie de nombramientos en planta permanente que no solo generan polémica política, sino que además violan la ley.
Según información a la que accedió este medio, en los últimos días se habrían oficializado alrededor de 50 nombramientos en la planta permanente de la municipalidad. Lo más grave del caso es que muchos de los designados no serían trabajadores municipales, sino personas vinculadas al oficialismo local, punteros políticos, allegados personales e incluso empleados rurales del propio intendente en su establecimiento privado.
Estos nombramientos violarían de forma directa la Ley Provincial N.º 9286, que regula el régimen de empleo público en la provincia de Santa Fe. En su artículo 18, la norma es clara: se prohíbe realizar nombramientos en planta permanente durante los seis meses anteriores a la finalización del mandato de los funcionarios electivos. Por lo tanto, las decisiones que estaría tomando Quain no solo son ilegítimas, sino también inválidas desde el punto de vista legal. Esto implica que las personas designadas podrían quedar automáticamente fuera del sistema el próximo 11 de diciembre, cuando asuma la nueva gestión encabezada por Fabio Villa.
Fuentes cercanas a la gestión entrante remarcan que no será una decisión política dar de baja esos contratos, sino una obligación legal, ya que fueron realizados fuera del marco normativo vigente.
A esta irregularidad se suma otro dato preocupante: según la ordenanza vigente para este año, aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio contaba con autorización para tener 46 personas en planta permanente, 125 como personal eventual y 70 contratadas. Con esta maniobra, el intendente Quain estaría duplicando de manera arbitraria e irresponsable la cantidad de personal permanente, comprometiendo no solo la administración municipal, sino también las finanzas públicas.
La pregunta que surge inevitablemente es: ¿qué rol está jugando el sindicato de trabajadores municipales frente a esta situación? ¿Está al tanto? ¿Forma parte de este armado o va a pronunciarse en defensa de la legalidad y de la verdadera planta de trabajadores? Si el sindicato acompaña esta maniobra, su responsabilidad institucional será enorme. Y si no lo hace, tiene la obligación de salir a aclarar públicamente que lo que está ocurriendo es ilegal.
Este tipo de prácticas representa la cara más oscura de la vieja política: aquella que prioriza los beneficios personales y los acomodos partidarios por encima del respeto a la ley y al pueblo. Florencia no se merece este atropello institucional ni la falsa ilusión que hoy se les está vendiendo a personas que, muy probablemente, quedarán desamparadas en pocos meses. La ciudadanía espera explicaciones urgentes. Y sobre todo, merece respeto y transparencia.
