La mañana de este jueves sorprendió a los vecinos de Tartagal con un fuerte operativo de Gendarmería Nacional. Por orden de la Justicia Federal, se llevaron adelante allanamientos en distintas propiedades, entre ellas la sede de la comuna y la vivienda del propio presidente comunal, Nelson Elhan, estos allanamientos serian en el marco de una causa que investiga la venta ilegal de terrenos pertenecientes al ferrocarril, bienes que son propiedad del Estado Nacional.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por un grupo de vecinos, acompañada por legisladores provinciales, quienes advirtieron sobre la supuesta comercialización de tierras fiscales. Este hecho encuadra en un delito federal de gran magnitud, ya que el Código Penal Argentino, en su artículo 181 inciso 1°, castiga con penas de prisión de seis meses a tres años a quien despoje de inmuebles al Estado, mientras que otras figuras como la defraudación contra la administración pública (art. 174 inc. 5°) prevén penas que pueden llegar hasta los seis años de cárcel.

Pero la polémica no se centra únicamente en Elhan. Desde distintos sectores advierten que la oposición local también tiene responsabilidades. Valeria Villalba, integrante de la minoría, es cuestionada por no haber ejercido el rol de contralor que le correspondía. “Miró hacia otro lado”, señalan algunos vecinos, no solo en lo que respecta a los terrenos federales sino también en otras sospechas de malversación de fondos provinciales, vinculados a programas como el Boleto Educativo Rural y diferentes obras públicas, hechos que ya habían sido expuestos por este medio con documentación respaldatoria.

La gran incógnita ahora es política: ¿el sector que sostiene a Elhan seguirá avalando su gestión o avanzará en la intervención de la comuna para garantizar transparencia y tranquilidad a la comunidad?

Lo cierto es que los allanamientos de hoy parecen confirmar lo que muchos vecinos vienen denunciando desde hace tiempo: Elhan no llegó a la política para servir al pueblo, sino para servirse del Estado.