En Tartagal la política vuelve a estar bajo la lupa. Mientras la Justicia Federal avanza con causas por presuntas irregularidades en la gestión del presidente comunal Nelson Elhan —ya denunciado y allanado en el marco de la investigación por la supuesta venta de terrenos federales—, lo que más sorprende no es sólo el accionar del oficialismo, sino el silencio cómplice de la oposición.

La kirchnerista Valeria Villalba, integrante de la minoría en la comisión comunal, jamás impulsó una sola denuncia pese a la enorme cantidad de irregularidades que se acumulaban en la comuna. La supuesta venta irregular de tierras federales fue apenas la punta del iceberg: también se investiga la retención indebida de fondos del Boleto Educativo Rural, dinero que la provincia enviaba para los jóvenes beneficiarios y que nunca llegó a destino, además de más de 37 millones de pesos de una obra pública que jamás se ejecuto.

En este escenario, la actitud de Villalba resulta al menos llamativa. Su rol institucional es el de contralor, el de velar por la transparencia, el de ser la voz de la denuncia frente a la sociedad. Sin embargo, lejos de ejercer esa función, eligió callar.

Las versiones que circulan en Tartagal son tan fuertes como inquietantes: Villalba habría recibido beneficios económicos para mirar hacia otro lado. Incluso, allegados a su entorno aseguran que parte del dinero retenido a las familias del Boleto Educativo Rural habria terminado en sus propios bolsillos.

El panorama es grave. Elhan enfrenta procesos judiciales que golpean a su gestión, pero lo que indigna a los vecinos es que la oposición, en lugar de cumplir su función, se haya mostrado ciega, sorda y muda. Que una dirigente kirchnerista arregle con dinero para garantizar impunidad no sorprende en la lógica de la política argentina, pero en Tartagal este pacto de silencio huele a traición a los vecinos.