El fiscal federal N° 1 de Santa Fe, Guillermo Onel, dispuso una batería de medidas para avanzar en el esclarecimiento de la denuncia presentada contra la alianza Fuerza Patria, acusada de utilizar recursos pertenecientes a la Asociación Civil 29 de Abril para financiar su campaña electoral de cara a las generales de octubre de 2025.

La causa se abrió tras la presentación realizada por los apoderados de la alianza Provincias Unidas, quienes señalaron la posible desviación de fondos desde la ONG hacia gastos proselitistas. El dato central surgió de un informe del Centro de Transparencia de Google, que registró un pago de 21 millones de pesos realizado por la Asociación Civil 29 de Abril para financiar banners y pauta digital utilizada por Fuerza Patria.

La lista denunciada estuvo encabezada por Caren Tepp (Ciudad Futura) y el kirchnerista Agustín Rossi. La acusación indica que la ONG, fundada en 2003 para asistir a víctimas de la devastadora inundación que afectó a un tercio de la ciudad de Santa Fe, habría sido utilizada para financiar parte de la campaña en redes sociales de ese espacio político.

REACCIONES Y RESPUESTAS

Caren Tepp rechazó de plano las acusaciones y las calificó como “falsas” y “parte de una operación política”. Aseguró no administrar los fondos de la ONG, afirmó que todo lo vinculado a la campaña está debidamente rendido ante la Justicia Electoral y agregó que instruyó a sus abogados para colaborar en la investigación. Desde su espacio afirman que la denuncia forma parte de “las prácticas de la vieja política” para ensuciar a dirigentes emergentes.

En paralelo, el Registro de Personas Jurídicas (RPJ) de la provincia abrió un sumario administrativo para determinar si la Asociación Civil 29 de Abril vulneró su objeto social, lo que podría derivar en sanciones, multas o incluso la pérdida de la personería.

IMPLICANCIAS POLÍTICAS Y JUDICIALES

Desde Provincias Unidas calificaron el hecho como un “grave perjuicio al orden moral y democrático”. Por su parte, dirigentes de distintos espacios ya salieron a marcar posición: sectores de la oposición señalaron que, de comprobarse el desvío, se trataría de uno de los escándalos de financiamiento político más relevantes de los últimos años en Santa Fe.

El fiscal Onel avanzará ahora con nuevas medidas, que incluyen pedidos de informes, notificaciones a la ONG y posibles citaciones a los responsables de la campaña. La investigación podría derivar tanto en consecuencias penales —por administración fraudulenta y violación al objeto social de una entidad civil— como electorales, en caso de comprobarse que se utilizaron vías irregulares para financiar publicidad política.

Mientras la Justicia profundiza la pesquisa, la causa ya sacude al mapa político santafesino. La presunta utilización de fondos solidarios —originados históricamente para asistir a las víctimas de la inundación del 29 de abril de 2003— para financiar una campaña electoral mantiene en alerta a la oposición, a las autoridades civiles y a los organismos de control.

La investigación continúa y en los próximos días podrían conocerse nuevas medidas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.