Después de casi un año de espera, todo lo que este medio vino denunciando sobre la corrupción enquistada en la Comisión Cooperadora que administraba los bienes del Estado en el Centro Operativo Experimental (COET) de Tacuarendí fue oficialmente confirmado.

Este martes, el propio ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, acompañado por el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, el director provincial de Ganadería y Sanidad Animal, Facundo Méndez, y la encargada de la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), Carolina Castec, presentó públicamente los resultados de la auditoría realizada a la Cooperadora del Centro Experimental.

La exposición se realizó ante intendentes, presidentes comunales, concejales y referentes políticos de todo el norte del departamento General Obligado, dejando al descubierto uno de los mayores escándalos de corrupción en el manejo de bienes públicos rurales de los últimos años.

UN NIDO DE CORRUPCIÓN QUE NADIE SE ANIMABA A TOCAR
Desde hace mucho tiempo, productores y vecinos sabían que dentro de la Comisión Cooperadora existía un verdadero nido de corrupción, que se beneficiaba de los fondos, tierras e implementos del Estado para fines personales.

Todo comenzó a quedar expuesto cuando el director provincial Facundo Méndez intentó abrir la cooperadora a otras instituciones, con el objetivo de transparentar la gestión y trabajar de manera conjunta.

La respuesta fue el cierre absoluto por parte de los integrantes de la cooperadora: Claudio Cremona, Edgardo Binaghi, Roberto Armendía y “Cacho” Zamar, quienes impidieron sistemáticamente el ingreso de nuevas instituciones.

Durante años, las reglas y estatutos fueron amoldados a conveniencia, generando un esquema cerrado, hermético y funcional a intereses particulares. Incluso, funcionarios de gestiones anteriores que intentaron investigar lo que ocurría no duraban ni cinco días en el cargo, un dato que siempre llamó la atención y alimentó las sospechas.

ESTE GOBIERNO AVANZÓ DONDE OTROS MIRARON PARA OTRO LADO
La diferencia fue política.
El gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, con Gustavo Puccini al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, decidió avanzar sin especulaciones.

Primero, desvinculó a la cooperadora del Estado, luego le quitó la personería jurídica, ordenó una auditoría integral y finalmente expuso ante toda la comunidad los resultados, algo que nunca antes había ocurrido. Y lo que reveló la auditoría de la SIGEP es, sin exagerar, escalofriante.

Principales hechos de corrupción e irregularidades detectadas:

La auditoría reveló graves deficiencias estructurales y presuntos hechos de corrupción en la administración de las tierras y fondos públicos:

Explotación irregular de tierras públicas: El 91,82% de las tierras (7.222 hectáreas) se encontraban ocupadas sin contratos formales ni registros. El 78,31% de los ocupantes (65 de 83) no contaban con ningún contrato que legitimara la explotación ganadera. Subarrendamientos a terceros realizados sin licitaciones, sin control estatal y sin contratos válidos.

Falta de transparencia en ingresos y facturación: El 65,72% de los ingresos ($44.502.435,60) no contaban con comprobantes fiscales. Se detectaron facturas emitidas utilizando CUIT inexistentes, en al menos 12 operaciones de arrendamiento, lo que evidencia maniobras irregulares de facturación. Existencia de cheques en cartera sin justificación ni identificación del origen de los fondos.

Manejo irregular de fondos y cuentas bancarias: Se detectaron 12 plazos fijos en bancos por un total de $31.004.000, que no estaban registrados contablemente. Se comprobó una simulación contable por $6.500.000, registrando falsamente un pasivo (“Proveedores Varios”) en lugar de reflejar la salida real de fondos bancarios. El 35% de los egresos se realizaron en efectivo, sin respaldo documental.

Información contable no confiable: La Asociación no llevaba libros contables rubricados. Existían registraciones sin documentación respaldatoria y omisiones de hechos económicos relevantes. La contabilidad era llevada por un estudio externo, sin controles adecuados.

Ingresos y gastos desproporcionados: Durante 2024, los ingresos declarados ascendieron a $67.718.940,58, de los cuales el 60% se destinó a sostener estructuras administrativas, sin cumplir el objeto experimental del predio. Se detectaron diferencias en el stock ganadero, con un faltante de más de 38 cabezas de ganado, valuadas en más de $30.000.000.

Retiro y disposición ilegal de bienes públicos:

La Asociación retiró maquinarias y bienes adquiridos con fondos públicos (ANR) sin autorización del Ministerio.

Estos bienes fueron donados y posteriormente rematados por la Cooperadora del SAMCO de Florencia, pese a intimaciones formales de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Salud.

El remate se realizó por un valor aproximado de $80.000.000, generando un grave perjuicio económico al Estado provincial.

Conclusiones de la Auditoría

La SIGEP concluyó que existía: Gestión ineficaz y opaca de recursos públicos, Falta total de confiabilidad de la información contable y financiera, Incumplimiento del convenio de cesión de tierras, Ausencia de control sobre fondos, bienes y tierras del Estado.

Los hechos detectados comprometieron seriamente la eficacia, eficiencia y transparencia de la administración del COET y constituyen indicios claros de irregularidades graves y posibles hechos de corrupción.

Frente a la gravedad de los hechos: El Ministerio de Desarrollo Productivo rescindió el convenio y recuperó la tenencia de las tierras el 10/10/2024. Se ordenó la restitución de bienes públicos, lo que no fue cumplido por la Asociación.

Se dispuso la baja definitiva de la personería jurídica de la Asociación Cooperadora mediante Resolución Ministerial N° 1691/2025, efectiva el 13 de noviembre de 2025, y se solicitó su disolución formal ante el RPJEC.

UN MENSAJE CLARO: LA CORRUPCIÓN YA NO TIENE IMPUNIDAD
Este gobierno provincial se animó a enfrentar un esquema de corrupción que durante años fue un secreto a voces en el norte santafesino.
No miró para otro lado, no negoció y no protegió a nadie.

En Tacuarendí, donde durante años el Estado fue saqueado desde adentro, la corrupción quedó expuesta, documentada y tendrá consecuencias judiciales. Y eso, en el norte de la provincia de Santa Fe, marca un antes y un después.