Desde que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe hizo pública parte de la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), hay un nombre que aparece reiteradamente y queda en el centro de todas las miradas: Roberto Alegre, el contador de la Comisión Cooperadora que administraba el Centro Operativo Experimental Tacuarendí.

A partir de la documentación oficial y de la información a la que este medio tuvo acceso, no quedan dudas de que el manejo de los números era clave en el funcionamiento de una estructura que hoy es investigada por graves irregularidades económicas en perjuicio del Estado provincial. Y en ese esquema, el rol del contador resulta determinante.

La auditoría expone una serie de situaciones alarmantes: alquileres de campos sin contratos, uso de maquinaria del Estado con fines que no se condicen con los objetivos del COET, falta absoluta de transparencia en las cuentas, y la aparición de al menos 12 plazos fijos cuyo origen no pudo ser justificado ante los auditores.

Pero el dato más sensible está en la contabilidad. Según surge del informe y de fuentes vinculadas al proceso, se detectaron ejercicios contables irregulares, diferencias llamativas, pasajes inconsistentes y movimientos que no cierran, lo que abre una fuerte sospecha: los números habrían sido “acomodados” para tapar un desfalco millonario.

En este contexto, Roberto Alegre aparece señalado como el cerebro administrativo y contable de la operatoria. No se trata de un rol menor ni accesorio: era quien manejaba las cuentas, quien debía controlar y quien sabía exactamente qué se hacía con cada peso que administraba la cooperadora.

Por eso, según la información que manejamos, sería una de las personas más comprometidas de cara al avance de la investigación judicial que podría derivarse de las observaciones de la SIGEP y de la presentación realizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde nuestro medio adelantamos que en los próximos días presentaremos un informe especial, acompañado de documentación concreta, que permitirá ver con claridad cómo se manipulaban los registros contables para que, al menos en los papeles, las cuentas cerraran, mientras el Estado provincial resultaba perjudicado.

Lo que hasta hace poco se intentó presentar como simples “desprolijidades administrativas”, hoy empieza a tomar forma de una gran estafa, y en el centro de esa trama aparece un nombre propio: el contador Roberto Alegre, señalado como quien pensó, ejecutó y sostuvo el andamiaje contable que permitió que todo ocurriera.