Tras hacerse público el escándalo de corrupción que involucra a los integrantes de la ex cooperadora del Centro Operativo Experimental Tacuarendí (COET), comienzan a emerger nuevas aristas de una trama que expone un esquema mucho más amplio de manejo irregular de tierras fiscales en el norte provincial.
En ese contexto, una pregunta empieza a tomar fuerza en la región: ¿qué rol cumplió el abogado Julián Fariz, oriundo de la ciudad de Villa Ocampo, dentro de este entramado?

Con el avance de la investigación, comenzaron a surgir testimonios que señalan que Fariz no integraba formalmente la comisión cooperadora, pero habría tenido una participación clave en la operatoria de cobro a productores que ocupaban campos pertenecientes al Estado provincial. Al igual que el abogado José Luis Fiant, de la ciudad de Las Toscas, Fariz habría actuado como uno de los responsables directos de recaudar dinero por el uso de tierras fiscales y quedarse con una comision que rondaba el 10%.

Según los relatos que llegaron a la redacción de este medio, el esquema estaba claramente dividido por zonas: José Luis Fiant realizaba los cobros en Las Toscas, mientras que Julián Fariz hacía lo propio en Villa Ocampo, ambos percibiendo dinero de los llamados “pastajeros” que ocupaban tierras públicas sin contar con contratos vigentes.

La dimensión del negocio ilegal quedó en evidencia días atrás, cuando el ministro de la Producción visitó Tacuarendí y confirmó un dato contundente: 7.222 hectáreas de tierras fiscales se encontraban ocupadas sin ningún tipo de autorización formal.

De acuerdo a los testimonios recopilados, el valor que se cobraba por el arrendamiento de esas tierras oscilaba entre 900 gramos y 1,250 kilos de novillo por hectárea por mes. Si se toma como referencia la totalidad de las hectáreas ocupadas de manera irregular, la recaudación estimada alcanzaría hoy mas de 35 millones de pesos mensuales.

Siempre según esas declaraciones, Julián Fariz, al igual que Fiant, percibía una comisión del 10% por encargarse de los cobros, quedándose con una parte del dinero generado por la explotación de tierras que pertenecen al Estado santafesino.

Con el correr de los días, el escándalo del COET continúa sumando nombres y responsabilidades, mientras crece la expectativa por el avance de las actuaciones judiciales que permitan determinar el alcance real de una maniobra que habría funcionado durante años a espaldas del Estado.