Una licitación municipal terminó judicializada tras una denuncia por la calidad del hormigón. Mientras se analizan nuevas muestras, los trabajos siguen detenidos y la comunidad queda atrapada en un conflicto privado.

La ejecución de una obra pública estratégica para la ciudad de Villa Ocampo quedó paralizada en medio de un conflicto entre dos empresas privadas que compiten en el rubro del hormigón, generando preocupación tanto en el municipio como en los vecinos.

Se trata de la construcción de 300 metros de pavimento rígido sobre el bulevar Brown de acceso al hospital local, una intervención clave para mejorar la circulación y el ingreso a uno de los servicios esenciales de la comunidad.

La obra había sido licitada por la Municipalidad y, tras el proceso administrativo correspondiente, la empresa Regonat resultó adjudicataria. Los trabajos comenzaron con normalidad y se colocaron los primeros metros de hormigón.

Sin embargo, cuando ya se habían ejecutado los 100 metros de pavimento, otra de las firmas que había participado de la licitación, Hormax de Yapur, envió una carta documento e inició una presentación judicial, cuestionando la calidad del material utilizado por la empresa ganadora.

A partir de esa impugnación, la obra se frenó y se dispuso el análisis técnico de muestras de hormigón en una universidad pública, tal como establece la normativa. Según pudo saber este medio, los primeros resultados no habrían sido plenamente satisfactorios, lo que motivó que la empresa adjudicataria impugnara el estudio y solicitara nuevas pruebas.

En los últimos días se realizaron nuevas extracciones de muestras, esta vez con el pavimento ya seco, que serán enviadas a otra casa de estudios para un segundo análisis.

Mientras tanto, los trabajos continúan paralizados, y el municipio, atrapado en una pelea privada
El conflicto expone una situación compleja: la gestión municipal y la comunidad terminan siendo rehenes de una disputa comercial entre dos empresas privadas.

Hasta que no exista una definición técnica y judicial sobre la calidad del material colocado, la obra no puede avanzar, lo que retrasa una mejora urbana clave y afecta directamente a quienes utilizan a diario el acceso al hospital.

Más allá de quién tenga razón, el freno genera perjuicios económicos, administrativos y sociales, ya que se trata de fondos públicos destinados a una obra esencial.

Además, cualquiera sea el resultado de los análisis, podría derivar en nuevos reclamos o acciones legales, e incluso en eventuales demandas por los daños ocasionados por la paralización.

Por estas horas, la expectativa está puesta en los estudios técnicos que determinen con claridad si el pavimento cumple o no con las especificaciones exigidas por el pliego, una definición que será determinante para destrabar el conflicto y permitir que la obra continúe. Mientras tanto, el acceso al hospital sigue esperando