La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe recomendó al gobernador Maximiliano Pullaro declarar la emergencia agropecuaria en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal, tras evaluar el impacto devastador de la sequía y del fenómeno climático “La Niña”. Esta medida, que podría aplicarse por un período inicial de seis meses, desde septiembre hasta febrero de 2025, no descarta extenderse a otras zonas del territorio santafesino.

Según detalló Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, la situación en los departamentos del norte es especialmente crítica, con 9 de Julio y Vera siendo los más golpeados por la falta de lluvias. La sequía prolongada ha afectado no solo a los cultivos, sino también al ganado, poniendo en riesgo la producción agropecuaria de estas áreas claves.

Impacto sobre el sector ganadero

“Estamos en plena época de parición. Si la vaca no puede criar adecuadamente a su ternero debido al mal estado físico causado por la falta de alimento, no se preñará en el verano, lo que afectará la producción del próximo año”, advirtió Mántaras en una entrevista radial. Además, alertó sobre las complicaciones en la zona agrícola, ya que si no se registran lluvias en las próximas semanas, se retrasará o incluso se suspenderá la siembra de girasol, maíz y algodón.

Medidas de apoyo para los productores

La declaración de emergencia, si es homologada, activará una serie de beneficios para los productores afectados, como prórrogas y exenciones en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Aquellos con más del 50% de su producción dañada podrán acogerse a estas ayudas, mientras que quienes sufran pérdidas superiores al 80% podrán acceder a líneas de crédito especiales. De alcanzar el reconocimiento a nivel nacional, los productores también podrían beneficiarse con reducciones en el Impuesto a las Ganancias.

Propuestas a futuro: gestionar el agua y prevenir crisis

Más allá de las medidas de emergencia, Mántaras enfatizó la necesidad de un enfoque preventivo a largo plazo. Propuso la implementación de un esquema de gestión de riesgos con un nuevo marco legislativo que permita otorgar seguros a los productores en caso de pérdidas catastróficas. Asimismo, destacó la importancia de avanzar en la reglamentación de la Ley de Aguas, aprobada en 2017, para desarrollar sistemas de riego que permitan enfrentar futuras sequías.

“Santa Fe necesita un plan integral de manejo del agua, especialmente en los bajos submeridionales, que son clave para mitigar los efectos de la sequía”, concluyó el funcionario, insistiendo en la urgencia de trabajar en soluciones hídricas para una provincia que enfrenta desafíos tanto por exceso como por déficit de agua.