La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado de Santa Fe, Lorena Ulieldín, ha presentado una denuncia penal que revela un complejo esquema de fraude vinculado al cobro de subsidios por enfermedades terminales, con montos que podrían superar los cuatro millones de pesos por afiliado. La funcionaria acudió el pasado lunes 4 de noviembre a los tribunales de Reconquista para formalizar la acusación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La metodología de la estafa

Según Ulieldín, la maniobra se ejecutaba mediante la falsificación y adulteración de certificados médicos, que se presentaban ante la Caja para acreditar que empleados públicos padecían enfermedades terminales. Esto les permitía acceder al beneficio contemplado en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que otorga un anticipo de hasta el 10% del seguro por fallecimiento, equivalente a sumas que oscilan entre dos y más de cuatro millones de pesos. Las categorías de los beneficiarios involucran a policías, docentes y trabajadores de la salud.

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Las primeras señales de alerta

La sospecha surgió por el volumen anormal de trámites provenientes de Reconquista, que superaron a las ciudades más grandes de la provincia, como Santa Fe Capital y Rosario. De los 145 expedientes iniciados en toda Santa Fe desde abril de 2023, 45 provienen de Reconquista, y 32 de ellos presentaron irregularidades en los certificados médicos.

Inconsistencias y un abogado involucrado

La investigación detectó múltiples anomalías: certificados médicos con errores repetidos, documentos firmados por los mismos médicos pero con diferentes firmas, y textos editados de forma burda para añadir la frase “enfermedad terminal”. Varios médicos cuyos nombres aparecen en los certificados han negado haberlos firmado, lo que apunta a la falsificación de sus rúbricas. Además, en todos los trámites irregulares figura el mismo gestor: el abogado Hugo Ruiz, residente de Reconquista.

Medidas oficiales y contexto legal

El gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, ha confirmado que se constituirá como querellante en la causa para facilitar el esclarecimiento de los hechos. El subsidio por enfermedad terminal es un beneficio destinado a aquellos empleados que acrediten una condición médica severa mediante documentación respaldada, y su trámite es descrito por Ulieldín como simple y gratuito, sin necesidad de intermediarios.

La interventora también detalló las acciones preventivas llevadas a cabo por el Gobierno en diversas áreas del Estado, que han revelado irregularidades adicionales, como comedores infantiles inexistentes y horas extras mal gestionadas en empresas públicas.

Con esta denuncia, el Estado provincial busca no solo frenar un fraude millonario, sino también sentar precedentes en el control de los fondos públicos.