En la localidad de Tartagal, departamento Vera, se destapó un hecho que genera indignación y preocupación institucional: la entrega y presunta venta de terrenos pertenecientes al Estado Nacional por parte del presidente comunal, Nelson Elham, junto a miembros de la Comisión Comunal.

Lo grave del caso no solo radica en que se están otorgando lotes con documentos emitidos por la Comuna —los cuales carecen de toda validez legal—, sino que además existen sospechas fundadas de que algunos integrantes del espacio político oficialista estarían cobrando dinero a vecinos para adjudicarles dichos terrenos, en una operatoria que configura un delito federal.

La maniobra fue denunciada penalmente ante el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo del Dr. Aldo Alurralde, por una comisión vecinal de Tartagal que tomó intervención al advertir que se estarían enajenando bienes que son inalienables salvo autorización expresa del Congreso de la Nación.

“Estos son actos flagrantes que denotan una marcada impunidad y corrupción en la gestión de la Comuna, y que deben ser desterrados porque atentan directamente contra el imperio constitucional”, señalaron desde la comisión denunciante.

En el expediente se detalla que Elham y sus colaboradores habrían dispuesto en carácter de venta o comodato terrenos que forman parte del patrimonio nacional, sobre los cuales la Comuna no tiene ningún tipo de competencia funcional para enajenar, ceder o entregar en préstamo.

Según fuentes consultadas, la conducta denunciada encuadraría en los delitos de defraudación contra la administración pública y usurpación de bienes del Estado Nacional, tipificados en el Código Penal. Esto podría derivar en severas responsabilidades penales para los funcionarios involucrados.

El documento al que accedió este medio —emitido por la propia Comuna de Tartagal y firmado por el presidente Nelson Elham— autoriza a particulares a ocupar terrenos que figuran a nombre del Ferrocarril General Belgrano, lo cual refuerza las sospechas sobre la operatoria ilegal.

La polémica también alcanza a la minoría de la Comisión Comunal, que tiene la responsabilidad de ejercer el control político y administrativo, pero que hasta ahora no ha advertido ni denunciado estas irregularidades. Para muchos vecinos, su silencio resulta “tan llamativo como cómplice”.

El caso recién comienza a investigarse en la Justicia Federal, pero ya se perfila como uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente de Tartagal.