El diputado provincial Emiliano Peralta impulsa una iniciativa que busca limitar el manejo discrecional de aportes y subsidios que el Estado provincial otorga a asociaciones civiles o entidades privadas. El proyecto apunta a garantizar transparencia y control legislativo sobre el uso de los fondos públicos.

El diputado provincial Emiliano Peralta presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer límites a la discrecionalidad en el otorgamiento de aportes del Estado a asociaciones civiles o personas jurídicas privadas. La iniciativa pretende que las ayudas económicas y convenios de colaboración se realicen con mayor control institucional y con criterios claros de transparencia.

“El dinero del Estado es, en realidad, dinero del contribuyente. Por lo tanto, nada mejor que un control de cómo se gastan esos fondos”, sostuvo Peralta al presentar su propuesta.

El legislador explicó que existen múltiples motivos por los cuales la Provincia otorga fondos a entidades privadas: aportes no reintegrables, convenios de cooperación o, en muchos casos, por tercerización de servicios.

“Muchas veces la Provincia no realiza directamente una actividad, sino que la delega en un privado; por ejemplo, en la lucha contra las adicciones o en los hogares de niños. Son asociaciones civiles las que llevan adelante esas tareas, pero con fondos estatales”, aclaró.

El proyecto establece que todo desembolso que supere los $200.000.000 en un año fiscal, ya sea en un solo pago o en cuotas, deberá contar con aprobación legislativa. Además, cualquier aporte a entidades con menos de dos años de antigüedad también deberá pasar por la Legislatura, que tendrá un plazo máximo de 60 días para su evaluación. Cumplido ese plazo sin aprobación, el aporte no podrá concretarse.

Según Peralta, “no se busca generar mayor burocracia, sino asegurar que los fondos se otorguen con un margen razonable de discrecionalidad, sin arbitrariedades y evitando cualquier sospecha de favoritismo”. El diputado subrayó que el control legislativo es esencial porque “el Poder Legislativo representa directamente al pueblo y es quien debe garantizar que el uso del dinero público sea transparente”.

La iniciativa también exige que la antigüedad de las entidades beneficiarias esté avalada por un informe de la Inspección General de Personas Jurídicas, acompañado de una memoria institucional y los datos de sus integrantes y responsables, que acrediten experiencia en la materia para la cual se solicitan los fondos.

Por último, el proyecto dispone que el límite de los $200 millones se actualice anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), para mantener la vigencia real del tope económico establecido.