El diputado provincial Emiliano Peralta ha impulsado dos iniciativas fundamentales en la Cámara de Diputados de Santa Fe: un proyecto de declaración para expresar preocupación por coacciones recibidas por el juez Santiago Banegas y un proyecto de ley para prohibir el cobro de sobre tasas a inmuebles ociosos en la provincia.

Preocupación por amenazas al juez Banegas

El proyecto de declaración busca manifestar la preocupación de la Cámara ante los hechos denunciados por el juez penal de Reconquista, Santiago Banegas, quien relató haber sido objeto de amenazas veladas para que se apartara de un caso judicial. La denuncia surgió en el marco de la causa “Degoumois, Ricardo Ceferino y otros s/ Coacciones”, en la cual Banegas expresó, durante una audiencia, haber recibido mensajes intimidatorios sobre su carrera judicial si continuaba en el caso.

El magistrado, decidió hacer pública esta situación para proteger su integridad y resguardar a las personas implicadas indirectamente. Posteriormente, presentó su renuncia como juez de la provincia, con efecto desde octubre de 2025. Peralta destacó que este tipo de presiones compromete la independencia judicial y representa un grave peligro institucional en un sistema republicano de gobierno.

Prohibición de sobre tasas a inmuebles ociosos

Por otra parte, el proyecto de ley propuesto por el diputado Peralta plantea la prohibición de sobre tasas aplicadas a inmuebles considerados “ociosos”, “desocupados” o “baldíos” por parte de municipios y comunas de Santa Fe.

El legislador señaló que, si bien estas tasas buscan incentivar la construcción para aumentar la oferta habitacional, son medidas poco efectivas y vulneran los derechos de los contribuyentes. Según explicó, el cobro de una sobre tasa contradice el principio tributario de la contraprestación, ya que el servicio asociado (como alumbrado, barrido y limpieza) se brinda sin importar el estado del inmueble.

Peralta también argumentó que, en un contexto de depreciación monetaria y restricciones cambiarias, muchos ciudadanos optan por adquirir terrenos o propiedades como forma de ahorro, sin contar necesariamente con los medios para construir en ellos de inmediato. Por ello, imponer una carga tributaria adicional sería injusto y desproporcionado.

El proyecto establece que la prohibición comenzará a regir a partir del próximo ejercicio fiscal, asegurando previsibilidad para las arcas municipales y comunales.

Ambas iniciativas reflejan la preocupación del legislador por la defensa de la justicia y los derechos de los ciudadanos, promoviendo un marco legal más equitativo y transparente en la provincia.